Resumen de Fallos!! 2° Parte.

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Resumen de Fallos!! 2° Parte.
Resumen de Fallos!! 2° Parte.
Como se los prometí, les traigo la segunda parte de los fallos.
Resumen de Fallos!! 2° Parte.
Enlace de la Primera parte:

Resumen de Fallos!! 2° Parte.

Fallo: Portal de Belén (2002).

Caso: Los actores presentan un amparo contra un fármaco de anticonceptivos por considerarlo abortivo y coartaba el derecho a la vida. La CSJN falló a favor de los presentantes y prohibió su fabricación y distribución por diversos Tratados Internacionales y el art. 70 del C.Civil “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir derechos, como si ya hubiesen nacido”.

Fallo: Orlando, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo.

En el año 2002 Susana Orlando, de 55 años de edad, discapacitada visual y motora por padecer de esclerosis múltiple, interpuso una acción de amparo para que se le brindara la cobertura médica que necesitaba y que su falta de recursos le impedía procurarse. Su reclamo iba dirigido contra la Provincia de Buenos Aires, donde vivía, y contra el Estado Nacional. La medicación que necesitaba estaba incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, la provincia no la comprendía dentro de su cobertura y el Ministerio de Salud de la Nación sólo le había provisto seis cajas del medicamento, lo que era insuficiente.

En su decisión, la Corte hizo lugar a la acción de amparo reconociendo el derecho de Orlando a recibir el medicamento que su salud demandaba

Fallo: Neira, Luis c/ Swiss Medical Group.

Los Sres. Neira demandaron a su empresa de medicina prepaga por incumplimiento del convenio que aseguraba las prestaciones necesarias para que su hijo pudiera seguir con vida.

A fin de no poner en riesgo la salud del niño, un fallo de primera instancia había obligado a la prepaga a depositar mensualmente la suma de dinero suficiente para realizar el tratamiento hasta tanto se resolviera el fondo del asunto,. Sin embargo, esta decisión fue revocada y el caso llegó a la Corte.

La empresa alegaba que no se había determinado qué prestaciones correspondía brindar al niño ni cuál sería su valor económico. Los padres del niño, en tanto, manifestaban que los médicos habían definido esas prestaciones y que la salud de su hijo había mejorado mientras la prepaga estuvo forzada a depositar el dinero para el tratamiento. Alegaron también que se estaba incumpliendo el deber de garantizar el máximo nivel de salud de los niños consagrado en la Convención de los Derechos del Niño que cuenta con jerarquía constitucional.

El máximo tribunal falló en favor de los Sres. Neira y enfatizó que, estando en juego la vida de un niño, los jueces y la sociedad debían orientar todos los esfuerzos para protegerla.

Fallo: Cambiaso Perés de Nealón, Celia M.A y otros c/ Centro de Educación Medica e Investigaciones Medicas.

Los padres de un joven de 17 años que padecía parálisis cerebral iniciaron una acción de amparo contra el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), empresa de medicina prepaga a la que estaban afiliados financiar, a fin de que cubriera el 100% de las prestaciones requeridas por el menor. Requirieron la cobertura de los medicamentos, la adquisición de una silla de ruedas con arnés de tronco, apoya pies y sostén cefálico, con chasis ultraliviano y plegable; y 120 pañales descartables por mes. El pedido fue fundado en la ley 24.754, y también se invocó la ley 24.901 sobre protección integral de las personas con discapacidad.

La Corte, entendió que las entidades de medicina prepaga debían cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que resultaren obligatorias para las obras sociales, es decir las que con carácter obligatorio establezca y actualice periódicamente la autoridad de aplicación. Además, respecto de las personas con discapacidad, las prepagas debían hacerse cargo de todas las prestaciones que requiera su rehabilitación. En la práctica, la decisión de la Corte implicó que CEMIC debía cubrir todos los medicamentos, los pañales y la silla de ruedas especial requerida para permitir la movilidad del enfermo.

Fallo: Passero de Barriera, Graciela Noemí c/ Estado Nacional s/ amparo.

Graciela Noemí Passero de Barriera inició una acción de amparo como curadora de su hija mayor de edad Mariana Soledad Barriera que quedó totalmente incapacitada a raíz de un accidente automovilístico. Solicitó al Estado Nacional que adoptara las medidas necesarias para la prestación del servicio médico asistencial integral que exigía la situación de su hija.

En su fallo la Corte declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada. Haciendo suyos los fundamentos de la Sra. Fiscal subrogante, consideró que corresponde al Estado Nacional velar por el fiel cumplimiento de los tratamientos requeridos, dada la función rectora que le atribuye la legislación nacional y las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y diferentes organismos que conforman el sistema sanitario del país a fin de lograr la plena realización del derecho a la salud.

Fallo: Camps (1987).

Caso: La CSJN se pronuncia acerca la ley de obediencia de vida y punto final declarándola constitucional ante este caso. La ley no tiene ningún efecto porque borra la invalidez del delito de tortura ante la clara formulación del art. 18 que expresamente prohíbe y hace responsable del delito al juez que la autorice.

Fallo: Servini de Cubría (1992).

CASO: La Jueza ante una alerta telefónica se anoticia de que en el programa de Tato Bores van a pasar una tira cómica en la cual la incluyen y la iban a ridiculizar, inicia un amparo. La CSJN falló a favor a favor de Servini obligando a Bores a no emitir el programa.

Fallo: Verbitsky (1992).

El Centro de Estudios Legales y Sociales interpuso un habeas corpus en representación de todas las personas detenidas en prisiones y comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Relató que los detenidos, incluidos mujeres y menores, padecían condiciones de superpoblación y hacinamiento porque los calabozos estaban en un estado deplorable de conservación e higiene. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó el hábeas corpus, al considerar que debía analizarse cada caso en concreto. La actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, que fueron declarados inadmisibles por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Contra ese pronunciamiento interpuso un recurso extraordinario, que fue denegado y dio lugar a un recurso de queja.

La Corte consideró que la presencia de adolescentes y enfermos en establecimientos policiales y/o en comisarias superpobladas de la Provincia de Buenos Aires era susceptible de configurar un trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos y generar responsabilidad del Estado Nacional, con flagrante violación a los principios generales de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas. Por este motivo, sostuvo que, dado que dicha situación ponía en peligro la vida y la integridad física del personal penitenciario y policial y generaba condiciones indignas y altamente riesgosas de trabajo, debía instruirse a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los demás tribunales de dicha provincia para que hicieran cesar urgentemente el agravamiento o la detención misma. Por otra parte, reconoció legitimación al Centro de Estudios Legales y Sociales para interponer el hábeas corpus colectivo a pesar de que la Constitución Nacional no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible en forma colectiva.

Fallo: Bazterrica (1986).

Se condenó a Gustavo Bazterrica a la pena de un año de prisión en suspenso, multa y costas, por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes. Este pronunciamiento fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y contra ésta se interpuso recurso extraordinario, sosteniendo la inconstitucionalidad del Art. 6 de la ley 20.771 que por reprimir la tenencia de estupefacientes para uso personal se viola el Art. 19 de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema hace lugar al recurso y revoca el fallo de la Cámara, ya que entiende que el Art. 6 de la ley 20.771 es inconstitucional por invadir la esfera de la libertad personal exenta de la valoración de los magistrados.

No basta la sola posibilidad potencial de que una conducta trascienda la esfera privada para incriminarla, sino que es necesaria la existencia en concreto de un peligro para la salud pública. Debe distinguirse entre la ética privada reservada por la Constitución al juicio de Dios, y la ética colectiva referida a bienes o intereses de terceros.

Fallo: Arriola (2009).

En el marco de una investigación por tráfico y comercialización de estupefacientes se realizó un allanamiento durante el cual resultaron detenidas ocho personas con marihuana en su poder que por su escasa cantidad, denotaba ser para uso personal.

La defensa de los detenidos sostuvo que el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, es incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional y señaló que la intervención punitiva cuando no media un conflicto jurídico, entendido como la afectación a un bien jurídico total o parcialmente ajeno, individual o colectivo, no es legítima.

La Corte decidió que una norma similar había sido declarada inconstitucional por la Corte en 1986 en el caso “Bazterrica”. Allí el tribunal había destacado que la protección constitucional de los valores de la intimidad y la autonomía personal impedían castigar la mera tenencia de drogas para consumo. En 1989 el Congreso sancionó una nueva ley que contradecía el principio sentado en el fallo y mantenía la incriminación. Un año después, ya con otra composición, la Corte destacó la clara voluntad de los legisladores y declaró legítimo el enfoque punitivo. Indicó que incriminar al tenedor de drogas haría más fácil combatir el tráfico.

Fallo: Montalvo (1990).

Montalvo es detenido sospechoso de hurto de un auto del alquiler, al bajar del mismo frente a la dependencia policial arroja una bolsa con 2.7 gramos de marihuana, el actor interpone una acción. La CSJN declaro constitucional el art. 6 de la ley 20.771 alegando que la tenencia de estupefacientes son acciones que ofenden el orden, la moral y la salud pública. Lo condeno a una pena de 3 meses de prisión en suspenso.

Fallo: Glaser (1966):

El actor solicito que se lo exima de realizar el Servicio Militar Obligatorio porque era Ministro del culto Judaico, en ese momento solo se encontraba vigente una norma para los católicos. La CSJN consideró que sería inconstitucional dar un tratamiento distinto respecto de un católico. Interpretamos el criterio del caso como un modo de no discriminación por causa de la religión, y como una igualación razonable de situaciones semejantes.

Fallo: Portillo (1989):

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a Portillo Alfredo a prestar un año de servicios continuados en las Fuerzas Armadas más el tiempo legal previsto por la ley 17.531 por no haberse presentado a la convocatoria del Distrito Militar Buenos Aires. Contra este pronunciamiento Portillo dedujo recurso extraordinario basándose en que la incorporación compulsiva violaba su libertad ideológica y de conciencia, reconocida por el Art. 14 de la Constitución Nacional.

La Corte en su mayoría mantuvo el criterio de la sentencia apelada en cuanto condenó a Alfredo Portillo a cumplir un año de servicio más el tiempo previsto por el art. 34 de la ley 17.531 al encontrar injustificada su negativa a presentarse al distrito militar, pero se apartó de la Cámara en cuanto dispuso que la modalidad de cumplimiento no debía conllevar el uso de armas, prestándose un servicio sustitutorio.

Disidencia del Dr. Caballero

La objeción de conciencia carece de sustento por cuanto la imposición del servicio militar no le impedía al apelante ejercer libremente su culto, como tampoco difundir o aprender su credo.



Fallo: Editorial Rio Negro c/Pcia del Neuquén (2007).

Una editorial de Río Negro publicó una información relativa a una supuesta maniobra para permitir el tratamiento de las ternas propuestas por el gobernador provincial, Jorge Sobisch, para cubrir las vacantes que existían en el Superior Tribunal de Justicia con abogados de su confianza. El Gobierno de esta provincia decidió reducir la publicidad oficial en ese medio de prensa. La editorial interpuso una acción de amparo para que cesara en el hecho de privarlo de las pautas de publicidad oficial contratada por la mencionada provincia y se le restituyera la distribución que normalmente se le atribuía para su publicación en el diario.

La Corte consideró que el comportamiento del gobierno provincial configuraba un supuesto de presión que lejos de preservar la integridad del debate público lo había puesto en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa. Sostuvo que el Gobierno debe evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que lleguen indirectamente a ese resultado. Para acreditar este hecho, remarcó, no es necesario que exista la asfixia económica o el quiebre del diario. Afirmó que, si bien no hay un derecho por parte de los medios a obtener una determinada cantidad de publicidad oficial, sí existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos.

Fallo: Emisiones Platenses (1997).

CASO: La emisora pública en el diario HOY de La Plata una denuncia al gobierno municipal ya que este favorece con la publicación oficial al diario EL DIA. La CSJN estableció que no es obligación del gobierno a proteger a empresas con fondos públicos, pero ordena que la publicidad se reparta equitativamente ya que de lo contrario habría Censura Previa.

Fallo: Patito c/ La Nación (2008).

Dos integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación demandan al diario La Nación y a un periodista por el daño que sostenían haber sufrido por diversas notas periodísticas y una nota editorial, en las que se cuestionaba su desempeño profesional, todo lo cual había lesionado su derecho a la intimidad y al honor. La demanda fue admitida en primera y segunda instancia contra el diario y rechazada contra el periodista, por lo que el fallo se refirió solamente al contenido de la nota editorial.

En cambio, respecto de las manifestaciones de la prensa referidas a hechos -es decir, informaciones-, ellas pueden resultar lesivas para el honor o la intimidad de una persona. Para estos casos se ha desarrollado la doctrina de la real malicia, la cual contempla la existencia de casos en los que se ha afirmado un hecho falso y lesivo para el honor a pesar de lo cual -y contrariando las reglas generales del derecho civil en materia de reparación de daños- no se genera la obligación de reparar. De acuerdo con el estándar establecido por esta doctrina entonces, sólo las afirmaciones falsas hechas con conocimiento o con desconsideración temeraria generan el deber de indemnizar, siendo la persona que se considere afectada la que debe probar tales circunstancias.

Concluyó que al no haber aportado los actores elementos que permitieran acreditar que el diario conocía la falsedad de los hechos afirmados en su editorial, el mismo no generaba responsabilidad. Por eso, entendió que el fallo de Cámara había constituido una indebida restricción a la libertad de expresión, razón por la que decidió revocarla y rechazar la demanda interpuesta por los integrantes del cuerpo médico forense.



Fallo: CHA (1991).

CASO: La CHA pide otorgamiento de personería Jurídica para una asociación de homosexualidad, y que ello no sea motivo de discriminación, el caso llega a la Corte. La CSJN falló como improcedente el pedido en cuantos a los objetivos por ir contra la moral cristiana.

Fallo: Ventura (1976).

La Aduana allanó sin orden judicial una oficina en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento fue el siguiente: tres inspectores se presentaron en este domicilio y fueron atendidos por una persona -que no era el imputado- quien, manifestó no tener inconveniente en que accedieran al lugar. Del acta no surgía cuales eran los motivos por los que estos inspectores se habían presentado en ese domicilio y por los que solicitaban ese consentimiento.

El imputado Vicente Ventura, junto con otras personas que se encontraban en el domicilio, firmó el acta del procedimiento. Cuando declaró ante el juez, Ventura también ratificó esa acta. Pero cuando fue condenado, Ventura apeló la sentencia sosteniendo que la prueba de cargo obtenida en ese allanamiento no podía ser usada en su contra. Ventura alegó que según la Constitución el allanamiento debe ser realizado conforme a la ley y que la ley procesal establece que el allanamiento debe ser realizado con orden judicial.

La Corte Suprema acogió el planteo de Ventura y declaró inválido el allanamiento del domicilio porque había sido realizado sin orden judicial. De este modo, ante la falta de orden judicial, consideró irrelevantes tanto el consentimiento brindado por la persona que atendió a los inspectores como la ratificación del imputado de ese procedimiento realizada al firmar el acta de allanamiento y al prestar declaración.

Fallo: Lifschitz (2004).

La señora Lifschitz, madre de un niño discapacitado motor, presentó un amparo demandando al Estado Nacional para que le otorgara un subsidio económico que le permitiera solventar la educación especial privada y el transporte privado que su hijo necesitaba. La madre expuso que no había vacantes en los establecimientos públicos de educación especial y que el sistema de transporte público no satisfacía la necesidad de traslado porque dejaba a su hijo, incapaz de moverse por sí mismo, a nueve cuadras del colegio. Dado que ambos padres trabajaban, ellos no podían acompañarlo ni tampoco contaban con los recursos económicos para pagar a una persona que lo hiciera por ellos.

Además la demandante expresó que, si bien los padres del niño tenían trabajo, desde el 21 de diciembre de 2001 no podían seguir haciendo frente a estos gastos y que no era justo que, por falta de medios económicos, su hijo perdiera la posibilidad de educarse y rehabilitarse.

La Corte hizo lugar al reclamo de la Sra. Lifschitz. Los jueces consideraron que tanto las normas de los pactos internacionales de derechos humanos como las leyes nacionales en materia de discapacidad, obligaban al Estado a satisfacer todas las necesidades básicas de los discapacitados cuando sus padres no cuentan con los recursos para hacerse cargo. Así, la Corte sostuvo que en la causa estaba probado que los padres no tenían una buena situación económica, que era evidente que el sistema de transporte público no podía ser utilizado por quien no puede valerse por sí mismo y que era el Estado quien debía probar que había vacantes en los sistemas de educación pública. En consecuencia, resolvió que el Estado debía otorgar el subsidio hasta tanto demostrara que los padres del niño contara con los medios económicos para sufragar estos gastos.

Fallo: Arenzon (1984).

CASO: No se le permitía ingresar al profesorado de matemáticas y astronomía por no medir como mínimo 1.60. La CSJN falló de inconstitucional tal norma porque contradice el art. 20.

Fallo: Sejean c/ Saks de Sejean (1986).

CASO: En el juicio de divorcio las partes plan0tean la nulidad del divorcio vincular y solicitan la posibilidad de volverse a casar. La CSJN aceptó el planteo, diciendo que de no ser así sería el único derecho que se agota con un solo ejercicio, que al negar divorcio se estaría violando la libertad de culto y que un matrimonio civil no puede imponer preceptos de una religión determinada. Se observa que el uso del método Dinámica – evolutiva. Luego de este fallo se aprueba la ley de Divorcio en 1987.

Fallo: Hnos. Podestá (Saladeristas de Barracas) (1887):

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas de dos imputados como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, imponiéndose a cada uno la pena de dos años y nueve meses de prisión, de ejecución condicional, con más la accesoria de ocho años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado. La defensa interpuso un recurso extraordinario donde solicitó se declare la prescripción de la pena por haberse extendido el trámite durante catorce años, considerando que sus defendidos habían cumplido varias veces con la penalidad aplicable, sumado al agravante de la incertidumbre sobre el resultado final, que era más gravoso que las propias penas.

La Corte declaró extinguida la acción penal por prescripción, sin perjuicio de los derechos de las partes de naturaleza patrimonial, por considerar que había transcurrido desde la sentencia condenatoria de primera instancia un tiempo que excedía con holgura el plazo de prescripción de los delitos imputados.

Fallo: Mendoza (Cuenca Matanza – Riachuelo) – (2007):

Los actores, en ejercicio de derechos propios y/o representación de sus hijos menores, demandan ante la Corte Suprema, en instancia originaria, al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas que desarrollan su actividad industrial en las adyacencias de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación ambiental de dicho río. Asimismo, acumulan a dicha acción la pretensión de que se condene a los demandados a fin de dar término y recomponer la situación que denuncian.

La Corte consideró que tenía prioridad absoluta la prevención del daño futuro, en segundo término la recomposición de la polución ambiental ya causada y por último el resarcimiento de daños irreversibles. Declaró que la Corte era competente en instancia originaria para atender la pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o contaminación de sus recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva por el carácter federal de la materia en debate.



Fallo: Villivar – Mina de Esquel (2007):

La cuestión se vincula con la explotación de una mina de oro a cielo abierto con la utilización de cianuro para la separación (lixiviación) del mineral de la piedra, en las cercanías de la localidad de Esquel, Chubut. La empresa El Desquite SA. titular del emprendiendo se encontraba autorizada por la autoridad provincial de Minería, pero no había cumplido con los procedimientos ambientales regulados por las leyes locales (la ley provincial 4032), porque entendía que esas normas eran aplicables a otras actividades pero no respecto a la minería.- .

El primer paso judicial del expediente del que analizamos fue “Villivar, Silvana Noemí c/Provincia del Chubut y otros s/ Amparo” (Expte N0 1365- F0 390- Año 2002), que resultó ser la medida cautelar dictada el 19 de febrero de 2003. Una vecina del lugar se presentó solicitando amparo a su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado solicitando como medida cautelar – la que “fue despachada de manera favorable” – que se suspenda la actividad de la demandada que había comenzado a ejecutar el emprendimiento, hasta que complete el procedimiento administrativo ambiental autorizatorio, con la realización de la correspondiente audiencia pública tal como la ley provincial ambiental lo indicaba.-.

Esa resolución fue apelada por la empresa y el 25 de abril de 2003 la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Esquel confirmó la medida cautelar. Luego la empresa interpuso diversos recursos ordinarios- para alcanzar la tercera instancia – los que fueron denegados por la Cámara, lo que provocó la interposición de una queja por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, que fue rechazada.

Fallo: Ramírez c/ Yacyreta (2007).

Los damnificados son unas 1200 personas, entre argentinos y paraguayos, que perdieron sus viviendas y sus medios de vida por la construcción de la represa hidroeléctrica binacional de Yacyreta. Son pescadores que se quedaron sin peces, mujeres que lavaban la ropa en las bateas naturales del río Paraná, oleros que se nutrían de los yacimientos de arcilla ubicados en la ribera para fabricar ladrillos y tejas artesanales. En 1994, las aguas de la represa lo cubrieron todo y ellos tuvieron que replegarse. “Con mis 20 hijos vivíamos de la fabricación de ladrillos artesanales y nos quedamos sin nada. Nos quisieron indemnizar con seis, 15 o 16 mil pesos, una suma irrisoria. Por eso, junto con otras miles de personas, fuimos a juicio y ganamos en primera y segunda instancia, pero ahora la Corte Suprema, a la que creíamos garantista, nos dijo que no y nos demostró que su patrón es el Ente Binacional Yacyreta.”

El juez Zaffaroni votó en disidencia y se remitió a mantener lo que había dicho en una causa análoga, en la cual la Corte falló en contra de la pretensión indemnizatoria del pescador Juan Carlos Ramírez. En ese caso, que se conoció el 6 de este mes, Zaffaroni sostuvo que la Constitución nacional obliga al Estado a “preservar el medio ambiente y, por ende, la fauna que lo integra”. El ministro de la Corte resaltó que esa obligación del Estado es todavía mayor cuando de las condiciones ambientales dependen las fuentes tradicionales de industrias artesanales. En el caso de Ramírez, lo que dijo Zaffaroni era que la construcción de la represa avanzó sobre su medio habitual de supervivencia.

Fallo: Cencosud (Supermercados Jumbo) -2001-.

CASO: La secretaría de Industria y Comercio realiza una inspección donde constata que el art. De una ley no se cumple de acuerdo al plazo de garantía de los productos. El art. 13 no estaba vigente por haber sido observado por el presidente. La CSJN dice que no puede haber infracción sin norma anterior y que solo en virtud del art. 11 se le puede imputar infracción.

Fallo: Laboratorio Phoenix (2003).

En este caso, la empresa Laboratorio Phoenix había incumplido la obligación de advertir en los envases de uno sus productos médicos que éste contenía cromo: mineral cuya excesiva absorción en el organismo puede producir intoxicaciones.

La Corte determinó que la empresa había eludido su deber legal de proveer esta información a los consumidores para la protección de su salud y que en consecuencia era pasible de una multa.

Comentario:

De esta forma, se reforzó el deber que tienen los laboratorios de informar al público consumidor sobre la composición de los medicamentos que comercializan.

Fallo: Baliarda S.A (2003).

En este caso, un grupo de 16 laboratorios y 25 empresas (representadas por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) planteó judicialmente la inconstitucionalidad de la ley de genéricos de la provincia de Buenos Aires. Alegaban que los remedios debían ser recetados por su marca comercial y no por su nombre medicinal, porque de lo contrario se violaba el régimen de marcas de los medicamentos, que establece su uso exclusivo.

La Corte rechazó por unanimidad la demanda de los laboratorios, al considerar que la normativa en materia de genéricos no los perjudicaba de ninguna forma en el derecho a comerciar sus productos medicinales.

Fallo: Defensor del Pueblo c/ Estado Nacional y Pcia. Del Chaco (2007).

El Defensor del Pueblo de la Nación interpuso una acción de amparo contra la Provincia del Chaco y el Estado Nacional, a fin de que se los condene a adoptar las medidas necesarias para modificar las condiciones de vida y garantizar una real y efectiva calidad de vida digna a las poblaciones indígenas, en su gran mayoría pertenecientes a la etnia Toba, ubicadas en el sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del Departamento Libertador General San Martín de esa provincia y que se encuentran en una situación de emergencia extrema. Asimismo, solicitó que, con carácter cautelar, se les ordene realizar las acciones destinadas a cubrir sus necesidades básicas.

En su decisión la Corte, subrayando que le corresponde buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que sean vulnerados, requirió a los demandados que informen, entre otras cosas, la ejecución de los programas de salud, agua potable, educación, habitacionales, etc. en dichas regiones y convocó a una audiencia pública para que expongan el contenido del informe presentado. Asimismo, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a que suministren agua potable y alimentos, así como un medio de trasporte y comunicación adecuados, a cada uno de los puestos sanitarios.

Fallo: Priebke (1995).

El ex capitán de las “SS” nazis ErichPriebke, de 84 años, fue condenado, a 15 años de prisión por el Tribunal militar de Roma, como culpable de la matanza de las “Fosas Ardeatinas”.

La comunidad judía lo descubre y solicita la extradición y la corte lo concede.

Fallo: Arancibia Clavel (2004).

Funcionario de Inteligencia Chilena. Se le imputa 2 homicidios y participar de 2 asociaciones ilícitas, a reprimir los opositores del régimen Pinochet.

1° instancia: culpable. Arancibia: dice que la asociación ilícita no es un delito de lesa humanidad. Casación Penal:. Revoca la pena tiene razón.

La corte dice: es un delito de lesa humanidad.

Fallo: Dessy (1995).

El presente caso se inicia con un Habeas Corpus interpuesto por el interno DESSY, alojado en la Unidad Nro. 7 del Servicio Penitenciario Federal, donde expone que se le fue violado su derecho a la intimidad y a la correspondencia que consagra el artículo 18 de la constitución nacional el cual reza …”el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinara en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación…”, dado a que el día 19 del mes de Octubre del año 1995 escribió una carta con el fin de remitirla a alguna persona fuera de la Unidad y al momento de enviarla, tuvo que presentarla abierta ante un funcionario destacado en la Unidad para que éste la revisara y la cerrara. Momentos más tarde, se le fue devuelta. Por tal motivo, consideró lesionado su derecho a la intimidad y a colación interpuso, el ya citado, Habeas Corpus considerando que, dicho accionar, contraviene la Ley Penitenciaria Federal, la cual consagra en sus Artículos 91 y 92, que solo las cartas recibidas serán supervisadas.

La Corte dio lugar al Recurso de Habeas Corpus interpuesto por el interno Dessy por considerar que con la obstrucción de las misivas se le agravaba la pena y declaro inconstitucional la Ley del Servicio Penitenciario Federal por considerar que la carta o misiva, es el único medio que el interno posee ya sea, en primera instancia, como medio resociabilizador, como contacto con el exterior y como valor afectivo; entre otras comparaciones.

Fallo: Derecho, René (2007).

El querellante recurrió a la Corte para que revoque la decisión de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de declarar prescripta la causa (tramitaba por Código viejo).

Según el querellante, el imputado habría cometido un crimen de “lesa humanidad”, ya que su accionar consistió en privar en 1988 de la libertad a la víctima y de torturarlo a fin de lograr una confesión que incrimine a su abogado, contra el cual el imputado planeaba vengarse.

Así entonces aclaró que un delito, por más insidioso que sea en su metodología o comisión, no es por sí un crimen de lesa humanidad. La gravedad metodológica del delito no es lo que lo transforma en un crimen imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar la convivencia pacífica.

Es decir, que lo que transforma un crimen común en uno contra la humanidad, es que estos sean cometidos por organismos del Estado a través de una política general y/o sistemática en la que se vulneren derechos de la sociedad civil o de un grupo determinado de este.

Fallo: Videla (1984).

En el juicio a las Juntas, Jorge R. Videla fue condenado a prisión perpetua por 16 homicidios agravados por crueldad, 50 homicidios, 306 privaciones ilegales de la libertad agravadas por amenazas violentas, 93 episodios de tortura, 4 torturas seguidas de muerte y 26 robos. Había sido acusado por la apropiación de los hijos de desaparecidos, pero como sólo pudieron acreditarse dos casos, la Cámara lo absolvió por considerar que no constituían evidencia suficiente de un plan sistemático diseñado desde el Estado. A la vez, él y los demás imputados fueron absueltos “por la totalidad de los delitos por los que fueron indagados y que integraron el objeto del Decreto 158/83 del PEN, y acerca de los cuales el fiscal no acusó”. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó esta condena.

En su decisión, la Corte sostuvo que la figura de “cosa juzgada” no beneficiaba al ex General Jorge R. Videla, porque en el juicio a las Juntas había sido absuelta por apropiaciones de niños distintas a las investigadas esta causa, y que, en consecuencia, al tratarse de hechos diferentes, podía seguir siendo sometido al proceso en cuestión.

Fallo: Giroldi (1995).

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de la Cap. Fed. condenó a Horacio David Giroldi a la pena de un mes de prisión en suspenso, como autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa. La defensora oficial interpuso recurso de casación. El fondo del litigio radicó en la inconstitucionalidad del límite impuesto por el Art. 459, inc. 2, del Código Procesal Penal de la Nación, por contrariar lo dispuesto en el Art. 8, inc. 2, ap. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que otorga a toda persona inculpada de un delito el derecho “de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. La Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, rechazó el planteo de inconstitucionalidad y dio origen a la queja ante la CSJN, la que declaró admisible el recurso.

Se declara procedente la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado.

Fallo: Szmilowsky (2003).

Tomás Szmilowsky fue demorado por la policía en estas circunstancias: se encontraba acompañado de otra persona a las 21hs. en la intersección de las calles Lezica y Pringles de la Capital Federal. Cuando los agentes se acercaron a Szmilowsky para solicitarle identificación, notaron que este se puso nervioso. Este estado de nerviosismo llevó a la policía a requisarlo y halló en sus ropas la cantidad de 10 grs. de marihuana.

El juez de primera instancia declaró la nulidad de esta requisa realizada sin orden judicial por considerarla infundada, esto es, que no estaba motivada en sospecha fundada de que en sus ropas se escondía un elemento relacionado con un delito y que tampoco habían existido razones de urgencia que impidieran solicitar orden del juez; y sobreseyó a Szmilowsky. El fiscal apeló esta decisión y el caso llegó a la Corte quien debía decidir si la confirmaba o no.

La Corte con cita de jurisprudencia norteamericana que convalida las detenciones y requisas practicadas por la policía sobre la base de una sospecha, consideró que esta inspección era fundada porque la policía había actuado con base en una razonable sospecha que fue corroborada con el posterior hallazgo de droga. En consecuencia, revocó la resolución y ordenó continuar el proceso penal.

Fallo: Casal (2005).

Matías Casal fue condenado por el delito de robo con armas y se le impuso una pena de cinco años de prisión. Él apeló esa sentencia argumentando que no estaba probado que hubiera usado un arma y que la sustracción sólo había quedado en grado de tentativa. Si estos argumentos prosperaban, le correspondía recibir una pena significativamente menor. La Cámara Nacional de Casación Penal, que era la que tenía que resolver su recurso, lo rechazó. El fundamento fue que Casal pretendía la revisión de los hechos que se dieron por probados en la sentencia y que esto era ajeno a la competencia de la Cámara, que sólo puede revisar la manera en que se interpretaron y aplicaron las leyes penales y procesales.

Así, Casal llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumentó que el criterio adoptado por la Cámara de Casación había desconocido el derecho a apelar su condena reconocido en la Convención Americana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con jerarquía constitucional.

La Corte Suprema hizo lugar al planteo de Casal y ordenó a la Cámara Nacional de Casación Penal que revisara la condena de Casal.

Fallo: López, Ramón (2007).

El Consejo de Guerra Permanente para Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas condenó a un Capitán de Intendencia a la pena de un año de prisión menor como autor del delito militar de “otras falsedades”, en tres oportunidades. La defensa del militar interpuso recurso de casación que fue declarado inadmisible por la Cámara Nacional de Casación Penal. Contra ese pronunciamiento la defensa interpuso un recurso extraordinario argumentando que el juzgamiento de militares en tiempos de paz por tribunales castrenses no satisface las garantías de defensa en juicio y tribunal independiente. Asimismo, consideró la inconstitucionalidad de un artículo del Código de Justicia Militar por impedir el ejercicio del derecho a recurrir ante un tribunal superior. El recurso extraordinario fue denegado por considerar que no reunía el requisito de fundamentación que exige el artículo 15 de la ley 48. Su denegación motivó la presentación de un recurso de queja.

La Corte declaró la inconstitucionalidad del procedimiento seguido ante la jurisdicción militar, decretó la nulidad de todo lo actuado y absolvió al capitán de intendencia por el hecho que se le había imputado.

Fallo: Noriega (2007).

Un imputado interpuso un recurso de casación contra la sentencia que lo condenaba a cinco años de prisión por la comisión de los delitos de robo y violación de domicilio. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba lo declaró inadmisible por carecer de la debida fundamentación (el defensor oficial se había limitado a transcribir sintéticamente los agravios alegados por el imputado, pero sin darles fundamento técnico ni desarrollar una crítica concreta y razonada de los argumentos de la sentencia condenatoria). Contra ese pronunciamiento el imputado interpuso un recurso extraordinario y una queja “in forma pauperis”.

La Corte resolvió declarar la nulidad de un recurso de casación por considerar que se había violado el derecho de defensa del imputado al no habérsele proporcionado asesoramiento legal efectivo y ordenó que se le otorgue al imputado una efectiva y sustancial asistencia letrada.

Fallo: García Méndez, Emilio (2008).

La Fundación Sur interpuso un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas menores de 16 años que se hallaren privadas de su libertad en el ámbito de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la inconstitucionalidad de la norma que regula los procedimientos “tutelares” a los que se somete a los niños y niñas acusados de infringir la ley penal. Luego que la Cámara Nacional de Casación Penal declarase inconstitucional el régimen establecido en la ley 22.278 y ordenase la libertad progresiva de todos los menores detenidos en virtud de dicha norma, el caso llegó a la Corte Suprema por medio de un recurso extraordinario interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.

La Corte dictó primeramente resolvió la suspensión de la ejecución de la sentencia apelada. Luego de cancelar la audiencia pública sin dar motivos al respecto, la Corte falló, entendiendo que si bien existe una tensión entre el sistema impugnado y la Constitución, no corresponde a los jueces la creación de un régimen general sustitutivo del actual. Por este motivo -y fundada en un argumento tutelar, según el cual la liberación de los niños colocaría a éstos en una peor situación que en la que están actualmente en los internados- evitó pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. Dejó a salvo que, en las causas relativas a niños, niñas y adolescentes, los jueces dicten -cuando corresponda-, las decisiones que salvaguarden sus derechos y libertades según las normas constitucionales e internacionales que los protegen.

Fallo: Bramajo (1996).

CASO: Detenido s/sentencia. La corte determina que las personas sin sentencia firme deben ser liberadas pasado cierta cantidad de tiempo. La opinión de la Comisión Interamericana debe servir de guía para la interpretación de os preceptos convencionales. Precisamente porque la Comisión entiende que el “Plazo Razonable” Art. 7.5 CADH no puede ser establecido en abstracto”. Dinámica – evolutiva

Fallo: Siri (1957).

La policía de la Provincia de Buenos Aires procedió a la clausura del diario Mercedes, operativo que se llevó a cabo sin aclarar las razones del por qué de la medida. En consecuencia, Ángel Siri, director y administrador del diario, se presentó ante la justicia alegando la violación de sus derechos de libertad de imprenta y trabajo consagrados en los Arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional. El director del diario pretendía, en primer lugar, que se retirara la custodia policial del local donde se imprimía el periódico, y segundo, que se levantara la clausura impuesta. Siri se presentó ante el juez solicitando se requiriera a la policía bonaerense un informe sobre quién había ordenado la clausura y los fundamentos de la medida. Requerido el informe, el comisario informó que la orden había sido emitida por la “Dirección de Seguridad de la Policía” y que el motivo lo desconocía. Ante esta circunstancia, el juez requirió informes al jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Comisión Investigadora Nacional y al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todos manifestaron ignorar las causas de la clausura y la autoridad que la había dispuesto.

La Corte revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones ordenando a la autoridad policial “cesar con la restricción impuesta” exponiendo que, las garantías constitucionales invocadas por Siri se hallaban restringidas sin orden de autoridad competente ni causa justificada y que estos motivos bastaban para que fueran restablecidas íntegramente por los jueces; “las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas en la Constitución Nacional”.

Fallo: Kot (1958).

La empresa Kot SRL, tuvo una huelga por parte del personal, en su fábrica textil de San Martín (Provincia de Buenos Aires).

La Delegación de San Martín del Departamento Provincial del Trabajo, declaró ilegal la huelga, por lo tanto la empresa Kot ordenó a sus empleados retomar las tareas dentro de las 24 horas. Frente al incumplimiento de dicho mandato se despidieron a muchos obreros.

Transcurrido poco más de un mes, el presidente del Departamento Provincial del Trabajo declaró nula la resolución de la Delegación San Martín e intimó a la empresa a reincorporar a los obreros despedidos.

Al no llegar a un acuerdo con la empresa, los obreros despedidos ocuparon la fábrica paralizándola totalmente; por lo que Juan Kot, gerente de la empresa hizo una denuncia por usurpación, solicitando se desocupara la fábrica.

El juez de primera instancia resolvió el sobreseimiento definitivo en la causa y no hizo lugar al pedido de desocupación alegando que se trataba de un conflicto gremial en el que los obreros no intentaban ocupar la fábrica para ejercer un derecho de propiedad y que, por lo tanto, no existía usurpación.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata confirmó el sobreseimiento definitivo. Contra esta sentencia Kot interpuso recurso extraordinario, y la Corte lo declaró improcedente.

Al observar Kot que su denuncia por usurpación no le daba los resultados que esperaba, paralelamente inició otra causa. Antes de dictarse la sentencia de la Cámara de Apelaciones, se presentó ante la misma deduciendo recurso de amparo para obtener la desocupación de la fábrica. Para invocarlo Kot tomó como base lo resuelto por la Corte en el caso Siri; la libertad de trabajo, el derecho a la propiedad y el derecho a la libre actividad; todos estos amparados por la Constitución Nacional.

La Cámara no hizo lugar al recurso planteado interpretando que se trataba de un recurso de habeas corpus; contra esta sentencia interpuso recurso extraordinario.

La Corte falló a favor de Kot, haciendo lugar al recurso de amparo luego de revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones. Ordenó que se entregara a Kot el establecimiento textil libre de todo ocupante indicando que “la Cámara de Apelaciones se confunde al considerar el recurso invocado por el afectado como un recurso de Habeas Corpus. El interesado interpuso una acción de amparo invocando los derechos constitucionales de la libertad de trabajo; de la propiedad y de la libre actividad, o sea, dedujo una garantía distinta a la que protege la libertad corporal (habeas corpus)”.

Fallo: Urteaga (1998).

Caso: Según informadores periodísticos los dirigentes SANTUCHO / URTEAGA habrían muerto por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad (Villa Martelli – Partido de Vte López) desconociéndose el destino real de los cuerpos. Urteaga Facundo interpone un Amparo de Habeas Data contra 8 organismos de inteligencia del Estado Nacional a fin de obtener información de su Hno. y Santucho. En 1era. Instancia le rechazan el amparo presentado. La CSJN por unanimidad hace lugar al Habeas Data y se ordena a los organismos requeridos a que den cuenta de los registros del fallecimiento de Urteaga / Santucho y la localización de sus cuerpos.

Fallo: Veraz c/ Estado Nacional (2007).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Organización Veraz S.A. c/ Estado Nacional s. Amparo “rechazó un planteo de la empresa Veraz que había solicitado se declare la inconstitucionalidad del artículo 53 de la ley 25.065, que prohíbe difundir datos financieros personales sobre titulares y beneficiarios de tarjetas de crédito.

De esta forma todas la personas que estén incluidas en la base de datos de la Organización Veraz (o cualquier otra empresa de informes crediticios) a causa de deudas por tarjetas de crédito, pueden pedir a la Organización Veraz S.A. a que los saquen de su base de datos por la deuda que poseen, conforme disposiciones de la C.S.J.N. en autos “Organización Veraz S.A. c/ Estado Nacional s. Amparo”.

La corte: le dice que no tiene derecho a esa información.

Fallo: Di nuncio c/ BankBoston (2006).

Di nuncio pide que le incorporen un dato, una información nueva; porque el dato que tenia le perjudicaba para sacar crédito. El había pedido un crédito, al banco Boston, pero luego quiebra. Plantea una defraudación e inicia una acción penal. Por lo cual, pide que él no es el deudor, si no el banco Boston.

La corte: dice que se incorpore el tema de defraudación y no como deudor.

Fallo: Lino de la Torre (1877).

Caso: La cámara de Diputados ordeno la prisión por desacato al director de un diario que público la sesión secreta de la Cámara. El actor interpuso un Recurso de Habeas Corpus ante la CSJN y esta declaro que el arresto es ilegal.

Fallo: Transporte Chaco (1932).

Caso: El Poder Ejecutivo P.E detiene a 33 extranjeros. La CSJN establece que el derecho para ingresar a los extranjeros estaba limitado a lo que establecía a las normas CN y a lo que dicte el Congreso y que no se ajusta a las Garantías del art. 18 de la misma. Se mantiene una interpretación estática – histórica en la mayoría de la Corte al adjudicarle un restringido calor interpretativo al Preámbulo.

Fallo: Granada (1985).

Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus en favor de Jorge Horacio Granada, por haber sido detenido a consecuencia del dictado, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del decreto 2049/85.

Por el decreto 2069/85 se dispuso la declaración de estado de sitio en todo el territorio del país. Y por decreto 2070/85 se dispone la detención de Granada a disposición del Poder Ejecutivo.

En primera instancia se declaró la legitimidad y constitucionalidad del decreto 2069/85, y la inconstitucionalidad del decreto 2070/85; el que admite, de este modo, la denuncia de hábeas corpus y dispone así, la libertad del mayor Granada.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, por lo que quedó firme en cuanto a la legitimidad del estado de sitio.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, rechazó el recurso de hábeas corpus interpuesto por el actor.

El fallo de la Corte Suprema confirma la sentencia apelada y se resuelve que el Poder Ejecutivo no se ha excedido en sus límites y que la detención fue legal en virtud del segundo decreto.

Fallo: Pérez de Smith (1977).

Dictadura militar, cientos de desaparecidos. Smith: plantea un habeas corpus, pidiendo datos, información sobre Pérez que se encuentra desaparecido, desde ese momento.

La corte: no plantea el habeas corpus, pero si exige que lo informen, de acuerdo a los datos que podrían llegar a tener, sobre Pérez.

Fallo: Verbitsky s/ habeas corpus (2005).

El centro de estudio legal social: llego a una conclusión, que los detenidos estaban en una situación pésima, en la cual enuncia un habeas corpus; para que se mejore las condiciones del lugar.

La corte: dice que la Provincia de Bs. As., cumplió poco, y recién en el 2010 se empieza a cumplir, evitando que sufran tratos inminentes y desagradables.

Resumen de Fallos!! 2° Parte.
Viernes 5 abr 2013
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